Una de las más grandes repercusiones de la crisis económica en el ámbito de las Administraciones Públicas y en el del propio Derecho que las regula ha sido la nueva configuración jurídica dada en los últimos años de diversas leyes que tratan de modernizar al tiempo de hacer más sostenible nuestro sistema de organización administrativa.

Los cambios provocados por este ordenamiento son muchos y se proyectan sobre ámbitos muy diversos. Entre ellos ocupan un lugar destacado, sin duda, los relacionados con la delimitación y contenido de los servicios públicos y la modificación de las estructuras administrativas. Ya el “Programa Nacional de Reformas de 2012” que el Gobierno de España remite a la Unión europea en abril de ese año, “presta especial atención” a la “modernización y racionalización de las Administraciones Públicas”.

En concreto, en este seminario queremos centrarnos en el estudio del régimen jurídico de las fórmulas de cooperación intermunicipal, articulada por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local (LRSAL). Ya que nuevas instituciones como coste estándar del servicio, “ámbito territorial óptimo” para su prestación o gestión por las provincias de los servicios locales son opciones del que nos sitúan ante un intenso debate que no ha quedado cerrado tras la elaboración y promulgación de la LRSAL.